Socialismo del siglo 21 llega a la República bananera de Honduras

TEGUCIGALPA.- Zelaya de Honduras: ¿un líder honorable pero malentendido, o un afable personaje? Mejor conocido por sus bananos y “Chiquitaismo” que por experimentaciones políticas y nuevas direcciones, los grandes cambios parecen estar en marcha en la pequeña república centroamericana de Honduras. En agosto pasado, el Presidente Manuel Zelaya Rosales asombró a muchos en casa y en el exterior al anunciar la entrada de su país a la “Alternativa Bolivariana para las Américas”, (ALBA), auspiciada por Venezuela; un bloque de “libre comercio” y justicia social cansadamente empujada por Caracas, que promueve enlaces económicos y políticos entre naciones americanas de tendencia izquierdista y pensamientos similares.
 
La entrada de Honduras a la ALBA le da numerosos beneficios, incluyendo combustible a precio del mercado, pero a intereses de porcentajes diferidos de subsidio; al igual que 15 millones de dólares en ayuda para el desarrollo. El combustible no solamente puede ser pagado en montos porcentuales sobre un periodo de 25 años a razón de 1% de interés, pero puede ser amortizado en bienes y servicios exportados a Venezuela, en vez de solamente en efectivo. Desde la entrada sorpresiva de Honduras a la ALBA, Zelaya parece haber sido envalentonado lo suficiente como para llamar a un referéndum nacional para reemplazar la actual Constitución de Honduras.
 
Tradicionalmente un fuerte aliado de los Estados Unidos, Honduras en años recientes ha tenido que relacionarse con gobiernos corruptos y violentos. Firmas transnacionales como la United Fruit Company  poseyó grandes extensiones de terrenos y controló sectores claves de la economía. El nivel de pobreza del país siempre ha sido alto, haciéndolo el segundo más pobre del hemisferio. La política exterior de Honduras durante la mayor parte del siglo 20 reflejó la de Washington, y muchas transgresiones de derechos humanos fueron cometidas durante la infame época de los Contras.  Fue dentro de está amalgama de reducciones financieras que empobreció más a Honduras, que  Zelaya lanzó su mensaje de cambio constitucional.

ESCAPANDO EL ESTILO DEMOCRÁTICO CENTROAMERICANO

Zelaya primeramente abordó el tema el 11 de noviembre del 2008. Ese día, el diario sampedrano La Prensa, reportó que el Presidente había propuesto la instalación de una cuarta urna en los sitios electorales el 29 de noviembre del 2009. Las cabinas electorales de Honduras normalmente contienen tres urnas: una para votar por el presidente, una para los congresionales o diputados, y otra para los alcaldes.  Zelaya sugirió la instalación de una cuarta urna para que el electorado decidiera si quiere votar o no, si quieren escoger una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo a Zelaya, este cuerpo propuesto elaboraría una nueva Constitución hondureña.  Zelaya busca un cambio constitucional que le permitiría correr para una reelección. El 24 de marzo, Zelaya se atrevió a anunciar vía el decreto ejecutivo PCM-05-2009, que este referéndum nacional tendrá lugar no más tarde que el 28 de junio del presente año, y que será administrado por el Instituto Nacional de Estadísticas, (INE).
La Constitución hondureña, que contiene 375 artículos, puede ser reformada por dos tercios de votos mayoritarios en el Congreso.  Pero hay ocho “artículos” firmes, o pétreos, que no pueden ser cambiados. Estos incluyen el término límite de un presidente en el cargo, el sistema de gobierno permitido y el proceso de sucesión presidencial.

En vista que el Presidente tiene la posibilidad de reformar los restantes 368 artículos por medio de una mayoría en el Congreso, algunos están cuestionando cuál es la verdadera intención del Presidente.

Los críticos inmediatamente calificaron las acciones de Zelaya como un claro intento cínico para extender el límite de su término en el poder. Algunos, como el analista político Juan Ramón Martínez, afirman que estamos atestiguando un claro esfuerzo de Zelaya de desacreditar algunas de las instituciones claves de la democracia del país en el esfuerzo de extender su mandato. “Parece que hay en juego una serie de tácticas dirigidas a desacreditar instituciones… ha repetido en muchas ocasiones que las instituciones democráticas no valen nada y que democracia no ayuda en nada”, dijo Martínez.

Los comentarios del Presidente en un número de ocasiones han apoyado las bases para este tipo de interpretaciones. Ha manifestado en varias ocasiones que la Constitución ha sido violada en repetidas ocasiones por los políticos y que necesita ser adaptada a la “realidad nacional”. Zelaya no ha precisado qué cambios serían necesarios a fin de adaptar el sistema social del país a la nueva realidad nacional.  Zelaya anunció el 22 de mayo que la nueva Constitución contendría iniciativas democráticas directas tales como un referéndum popular y la suspensión de las elecciones de noviembre próximo. Pero la Constitución actual ya contiene provisiones para un referéndum popular y no prohíbe expresamente la suspensión de comicios electorales ya programadas. Los avances legales recientes de Zelaya han dado lugar a preocupaciones para algunos sobre lo que una nueva Constitución significaría para el país y la fidelidad del Presidente al concepto de constitucionalismo.

LA VIDA DE OTROS

Los homicidios se dispararon un 25% el año pasado en Honduras, y el crimen es un problema constantemente creciente afectando a toda la población.  El primero de abril la administración de Zelaya anunció una nueva serie de lo que el describió como iniciativas contra el crimen. Entre estas medidas estaba reforzar las escuchas telefónicas para que la policía hondureña tuviese acceso a todos los aparatos celulares a nivel nacional.
Raúl Valladares, el jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), más tarde describió lo que el plan propuesto significaría para el país. “De momento no tenemos la capacidad de grabar las llamadas telefónicas. Estamos facilitando las normas para poder monitorear llamadas.  Vamos a registrar el origen y la duración de las llamadas, al igual que a quién y cuánto tiempo duraron”, dijo.

Ramón Custodio, el titular de la altamente estimada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llamó las medidas “terrorismo policial” en una entrevista con El Heraldo, y dijo que conducirá a la formación de un Estado policial.  Confrontado con creciente oposición, Zelaya anunció el 3 de abril que las medidas no serán llevadas a cabo, citando dificultades técnicas para grabar las conversaciones de los teléfonos celulares.

EL PODER DE LA CARTERA PONE LAS ELECCIONES EN RIESGO

En adición a otras iniciativas de cuestionable contenido democrático, Zelaya intentó arrinconar a las otras ramas del gobierno por medio de tecnicidades legales y viejos trucos de papeleo. Roberto Carlos Guzmán, busco interponer un recurso de amparo en contra del  plebiscito pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, pero fue recusado. La corte alegó que siendo que el PCM-05-2009 no había sido publicado en el diario oficial La Gaceta, estaba fuera de su jurisdicción. A la fecha, Zelaya se niega a publicar el texto entero del PCM-05-2009.
 
Aparentemente el Presidente ha continuado con métodos más cuestionables para llevar adelante su plebiscito. La ministra de Finanzas aún no ha sometido el anteproyecto de presupuesto al Congreso Nacional para su ratificación, y esto está causando que muchas instituciones del gobierno estén sintiendo el apretón. Entre ellos, principalmente está el Tribunal Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de las Personas, que son las dos agencias que vigilan el proceso electoral en Honduras. Estas instituciones calculan que requerirán unos 513 millones de lempiras, (poco más de dos millones y medio de dólares), para llevar adelante su cometido. Con el presupuesto nacional bajo grandes presiones, el financiamiento ha sido puesto en riesgo.  Esto ha llevado a especular que la verdadera razón por la cual Zelaya no somete el presupuesto es para finalmente asfixiar el proceso electoral. El primero de mayo, el vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP), Alejandro Álvarez, urgió al congreso a buscar alternativas financieras para llevar a cabo las elecciones, de ser posible del sector privado para sobrepasar el bloque de Zelaya.

“La industria privada de Honduras puede sufragar el proceso electoral si el gobierno no está dispuesto a proveer los fondos”, enfatizó Álvarez. Pero no todos en el gobierno de Honduras están dispuestos a acuerpar el referéndum buscado por el Presidente. Las oficinas del fiscal general, Luis Rubí, conocidas como el Ministerio Público, han llamado por acciones legales que harían ilegal el referéndum de Zelaya. El anuncio fue hecho un día después que el Presidente había declarado que ningún oficial de policía del país lo arrestaría por llevar adelante el referéndum. “Vivimos en un Estado democrático, y las autoridades de policía están requeridas a cumplir los ordenamientos judiciales”, dijo Rubí.  “Esperamos que la policía no se haya convertido en guardaespaldas del Presidente, porque tendrán que escoger entre protegerlo u obedecer la Constitución y las leyes”, agregó.

El artículo 375 de la Constitución de Honduras dice que el contrato social no puede ser determinado por una autorización individual o cuerpo, y que cualquiera que pretende nulificar la Constitución será sujeto a penalidades criminales. Todos los ciudadanos de Honduras comparten la obligación de defender la Constitución contra todo intento de violarla.

FONDOS SECRETOS, TRUCOS SUCIOS Y LA AMENAZA OCASIONAL 

El 18 de mayo, como cien miembros de grupos indígenas armados para la ocasión con machetes y con los rostros tapados, se postraron en las afueras de las oficinas de Rubí en Tegucigalpa. Su líder, Salvador Zúñiga, dijo que aunque no estaban contemplando acciones violentas, están dispuestos a defender el referéndum de Zelaya. “Hemos venido a defender la segunda fundación de este país”, dijo Zúñiga, refiriéndose al referéndum. “Si se nos es negado, recurriremos a la insurrección nacional”, agregó.

Es de notar que la administración Zelaya tiene una larga historia de estar pagando a organizaciones para que respalden sus proyectos. El analista político, Enrique Ortez Colindres, dijo en una entrevista de diario El Heraldo, que Zelaya había pagado a agrupaciones laborales para que se presentaran en masa a la ceremonia de firma del tratado de la ALBA el 25 de agosto del 2008.  Allí, ante multitudes jubilosas, Hugo Chávez, Evo Morales y otros líderes de “la marea rosada” del hemisferio ratificaron la entrada de Honduras a la ALBA. Mientras tanto, el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, ha dado a conocer que su oficina obtuvo la oferta de 300 millones de lempiras, (15 millones de dólares), para que respaldara el referéndum.

Adicionalmente al financiamiento de grupos de presión, Zelaya también ha sido acusado de intimidar a periodistas. En los últimos años el periodismo se ha vuelto una profesión peligrosa en Honduras. Los periodistas Carlos Salgado y Rafael Munguía fueron baleados en lugares públicos, y otros han denunciado amenazas a su vida. El 19 de mayo, el activista de derechos humanos, Ramón Custodio, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección para el periodista Armando Villanueva y su familia, por ser blancos de amenazas, que según Villanueva, provienen directamente del Presidente.

De acuerdo a Villanueva, una fuente entre la inteligencia militar reveló que la administración había alquilado a tres ex miembros del mal recordado Batallón 3-16 formado para realizar operativos de vigilancia contra personas señaladas como amenazas al Estado. Fundado y entrenados por los Estados Unidos, el Batallón 3-16 fundado en la década de los ochentas, fue formado para realizar operativos encubiertos contra izquierdistas sospechosos en Honduras. Actualmente, algunos ex miembros del notorioso grupo guardan prisión por varios asesinatos cometidos durante el periodo.

UN PASO HACIA ADELANTE, SEIS PARA ATRÁS

Las acciones recientes de Zelaya, algunos de ellos no precisamente de acuerdo con el espíritu democrático de la Constitución de Honduras, han causado asombro entre algunos sectores de la sociedad hondureña, mientras han ganado el respaldo de otros. A pesar de su violación de varios mandatos constitucionales, Zelaya ha realizado algunas legislaciones sociales.  Desde que asumió el cargo, el Presidente ha elevado en un 60% el salario mínimo, reforzado las relaciones entre el gobierno y los grupos indígenas y anunciado planes para aumentar el alfabetismo.
Pero queda por verse si estas son reformas de larga duración o simplemente acciones propias de un año electoral y para aumentar popularidad para el referéndum que busca llevar a cabo. El legado de Zelaya se presenta en dos formas, dependiendo de quién cuenta la historia: podrá ser recordado como el hombre quien le dio una voz a los pobres, o como el Presidente quien buscó terminar con la democracia de hondureña.

La negativa del Presidente de someter su proyecto a conocimiento del Congreso Nacional, o simplemente revelar qué reformas constitucionales desea llevar a cabo mantienen el plan en una nube de secretividad y sospechas.  Mientras tanto, los autócratas hondureños que recuerdan pasadas dictaduras militares, la guerra de los Contras y al fenecido general Álvarez Martínez, no están tan animados a hacer pedazos la Constitución que tanto lucharon por crear. Honduras tiene una larga historia autocrática e intransigente liderazgos que más estuvieron interesados en extender su poder que en buscar reformas sociales reales, y Zelaya parece estar considerando seguir el mismo camino.

*Este análisis fue preparado por el investigador asociado Bryan Thompson, del Consejo de Asuntos Hemisféricos (CAH), mayo 25 del 2009.
*(Traducción: Overton M. Whittaker Solomón)