Custodios retrasaron acción de los bomberos

COMAYAGUA.- Los guardias pensaron que se trataba de una fuga masiva e impidieron durante media hora que bomberos pudieran combatir el incendio que un recluso causó intencionalmente y dejó a por lo menos 356 reos calcinados o asfixiados en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados.

Familiares y amigos de las víctimas lloran en las afueras de la granja penal.

“Aguardamos unos 30 minutos afuera del centro penal, mientras escuchamos disparos. Luego, los guardias nos permitieron el ingreso y comenzamos a apagar las llamas”, dijo el miércoles a AP el jefe de los bomberos de Comayagua, Leonel Silva.

Los vigilantes adujeron que cumplían con el protocolo de seguridad en los penales. “Llegamos diez minutos después de que comenzó el incendio en la cárcel, pero no entramos de inmediato porque los guardias lo impidieron”, agregó.

Según el director de los centros penales Danilo Orellana, “los guardias creyeron en un principio que se trataba de una fuga masiva de reos, por eso cumplieron la ley y no permitieron el ingreso de nadie a la cárcel para evitar muertes innecesarias”.

Adentro, los reos intentaban desesperadamente salir de las celdas que eran consumidas por el fuego. Conforme avanzaban las pesquisas se fueron sustrayendo cuerpos de entre los fierros retorcidos de las literas en las que dormían los presos.

El juez de la Corte Suprema encargado de recabar información del siniestro, Ricardo Ordóñez, declaró a la AP que al final de la tarde había 358 muertos confirmados.

Los prisioneros “murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados”, dijo Josué García, vocero de los bomberos de Comayagua, ciudad a unos 140 kilómetros al norte de Tegucigalpa donde a las 22.50 del martes se registró el incendio.

La mayoría de los confinados en esa granja de rehabilitación, el 57%, no habían sido condenados en juicio y muchos fueron detenidos únicamente por tener un tatuaje, lo que para los autoridades era suficiente para considerarlos sospechosos de pertencer a las violentas pandillas juveniles que operan en esa y otras naciones centroamericanas, según un informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras entregó a inicios de mes a un organismo de Naciones Unidas.

Los familiares de los reos merodeaban por hospitales y el penal tratando de averiguar la suerte que habría tenido algún encarcelado.

Los parientes de los encarcelados se aglomeraron primero en el protagonizaron un enfrentamiento lanzando piedras contra la policía y soldados, que debieron dispersarlos a tiros porque un millar de personas amenazaba con tumbar el portón del recinto carcelario. No se reportaron heridos en el incidente.

“Los policías no nos dejaban entrar para ver a nuestros seres queridos”, dijo llorando a la AP Natalia Juárez, hermana de un reo presuntamente fallecido en el siniestro.

Después, la peregrinación continúo por los hospitales de la zona donde las angustiadas personas trataban de identificar a alguno de los sobrevivientes que eran atendidos por quemaduras. Dos de esos pacientes, con el 80% y 90% de sus cuerpos quemados, murieron en un hospital de Tegucigalpa. Otro permanece en estado crítico y al menos 19 más están hospitalizados.

El gobierno instaló tiendas de campaña en las afueras de la prisión y la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para los dolientes y ofreció brindarles atención médica humanitaria, alimentos y agua potable.

Los cuerpos comenzaron a ser acarreados horas después en bolsas blancas de nailon hacia furgones para transportarlos a la morgue a la capital para continuar con los análisis para identificarlos. Ordóñez dijo que había 150 ya listos para el traslado.

El sargento de los bomberos Ricardo Granados indicó que con herramientas especiales sacaron los cuerpos atrapados en las literas. En la cárcel, una granja de rehabilitación donde los internos cultivaban sus propios alimentos y tenían también la posibilidad de comercializarlos en la población, fue construida para albergar a 400 presos, pero en la actualidad había 856 reos.

El fuego comenzó en el denominado “hogar seis” del penal, en el cual permanecían 105 cautivos, de los que solo cuatro sobrevivieron, indicó Ordóñez.

Cientos de personas se agolparon en la carretera Panamericana a la espera de la entrega de los cuerpos de sus familiares, muertos durante un incendio durante la noche.

El director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana, dijo a la AP que “un reo habría causado el incendio al quemar su colchón. Algunos de sus compañeros de celda dijeron que él gritó ‘aquí nos moriremos todos’ y en cinco minutos todo ardió”.

La gobernadora de Comayagua, Paola Castro, dijo en rueda de prensa que minutos antes del siniestro recibió una llamada telefónica de un interno que le dijo “‘le voy a meter fuego a esto y vamos a morir todos”’. No identificó al prisionero ni dio más explicaciones.

Castro trabajó como secretaria en el penal y por eso es conocida por muchos reos. Dijo que de inmediato alertó a los bomberos y la Cruz Roja de lo que podría ocurrir en el presidio.

Ever López, de 24 años, encausado por homicidio y que sobrevivió al incendio, dijo que tras ver el humo “junto a otros reos huimos por el techo, que rompimos con las manos… y gracias a Dios que estoy vivo”.

Las llamas se propagaron rápidamente al quemarse los colchones, ropa y sábanas de los reclusos. El edificio resultó parcialmente destruido.

“De repente alguien gritó ‘fuego, fuego, fuego’ y sentí miedo y comencé a pedir auxilio junto a mis compañeros de celda”, relató a la emisora HRN un prisionero que se identificó como Silverio Aguilar.

Agregó que “por un rato nadie nos hizo caso pero después de unos minutos, que se nos hicieron eternos, un guardia apareció y nos abrió el portón de la celda, que estaba cerrada con candado”. En esa celda había más de 60 reos, señaló.

El presidente Porfirio Lobo suspendió de sus cargos a los funcionarios del centro penal y de la administración nacional de cárceles mientras se investiga el caso. Uno de ellos es Orellana.

Luego decretó duelo nacional por lo que la bandera será izada a media asta en todas las entidades públicas.

Lucy Marder, directora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que la identificación de los fallecidos puede demorar hasta dos semanas.

Chile envió un equipo de expertos en identificación de cadáveres, gesto que el gobernante hondureño agradeció a su colega Sebastián Piñera.

México enviará cinco médicos forenses para que apoyen con la identificación de las víctimas, informó la cancillería mexicana en un comunicado. También se enviarán materiales de curación y medicamentos para atender a los reos lesionados.

La embajadora estadounidense en el país emitió un comunicado en el expresó condolencias a los hondureños y mencionó que la base militar de Palmerola, ubicada a pocos kilómetros del centro carcelario quemado, prestó apoyo desde los primeros esfuerzos para combatir el fuego y sigue ofreciendo ayuda a distintos niveles.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, aseguró en rueda de prensa que el gobierno mejorará los centros penitenciarios del país, que permanecen en malas condiciones desde hace 40 años y sus vetustos edificios no han sido reparados por falta de recursos.

En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deploró la tragedia e instó al gobierno a investigar cuanto antes los hechos.

En julio de 2010 Lobo declaró un estado de emergencia en nueve de las 24 prisiones de Honduras. Su ministro de Seguridad consideró entonces que las prisiones eran “universidades del crimen” y estaban desbordadas. AP

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